Jolanta Misztal, una jubilada polaca de 65 años, lleva más de 10 años intentando recuperar su casa familiar tras haberla perdido por un préstamo de apenas 5.800 euros. A pesar de que la justicia ha reconocido que dicho crédito se trató de un fraude, la misma todavía no ha podido volver a su casa, ya que el actual propietario se niega a abandonarla a menos que esta le page una compensación de 107.000 euros, una cifra que ella misma admite que no puede pagar.
Según explica el medio Polsatnews, en 2005, la familia pidió un préstamo a través de los conocidos como créditos rápidos para afrontar una serie de gastos personales. Pidieron la cantidad de 5.800 euros (25.000 zlotys según recoge el medio) y como aval pusieron su casa valorada en 70.000 euros y el préstamo sería devuelto en seis meses. De hecho, pensaron que lo pagarían en dos meses por la promesa de una futura hipoteca, la cual nunca llegó y donde comenzaron los problemas.
Al parecer, las condiciones del crédito recogían pagos mensuales de 400 euros solo en intereses, con una devolución final del capital en una única cuota. Incapaces de asumir estas cuotas cayeron en impagos y el marido de Jolanta, Andrzej, entró en una profunda crisis y se quitó la vida el mismo día en que el acreedor le exigió el pago inmediato.
Desahuciadas, pero con la posibilidad de recuperar la vivienda si pagan 107.000 euros
Tras los acontecimientos, Jolanta y su hija embarazada fueron desahuciadas de su casa y la casa se vendió a una empresa, y posteriormente esta fue adquirida por un tercero, Grzegorz Sz., que actualmente reside en ella. Esta jubilada denunció y de hecho le dieron la razón, ya que declararon nulo el contrato de compraventa por fraude, Sz. recurrió la sentencia y sigue habitando la vivienda.
Aunque el Tribunal ordenó la devolución del inmueble, este impuso la condición de que Jolanta debía abonar 107.000 euros(460.000 zlotys) a quienes han vivido allí durante más de una década, alegando gastos y reformas. La familia Misztal afirma no poder afrontar ese pago salvo que vendan la propia casa, propuesta rechazada por el actual residente.
Por su parte, la Fiscalía lleva años investigando a estas empresas, ya que los préstamos que que concedían evidentemente eran claros de unas cláusulas abusivas, donde por un préstamo de 5.800 euros, pagar 400 euros de interés cada mes es un abuso. Según la fiscal adjunta Małgorzata Borkowska, se trataba de una trama que se aprovechaba de personas en situación de necesidad para apropiarse de sus inmuebles.
La empresa que otorgó el préstamo ya no opera, y la que compró inicialmente la casa ha desaparecido. Grzegorz Sz., actual ocupante, asegura haber comprado la vivienda sin conocer el trasfondo. “Sabía que era un fraude”, sostiene Jolanta, quien afirma haberlo confrontado personalmente hace más de una década.
“No tenemos tanto dinero”
El tribunal reconoce que Jolanta es la propietaria legítima, pero también da la razón a los ocupantes en cuanto a los gastos realizados durante su estancia. “No negamos que haya que resolver la deuda con este señor, pero mi madre no tiene ese dinero. Solo quiere vender la casa, saldar lo necesario y vivir tranquila, algo que este hombre no acepta”, explica Laura Misztal, hija de Jolanta.
Según Wiesława Namirska, del Tribunal de Apelación de Katowice, “los actuales ocupantes tienen derecho a permanecer en la vivienda hasta que se les compense por los gastos asumidos”, lo que complica aún más la situación para la demandante.
“Sé que no tengo dinero, él lo sabe. No quiero hacerme ilusiones porque me enfermaría. Pero tengo miedo de perder la esperanza”, confiesa Jolanta, resignada tras casi 20 años de lucha judicial.