El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde este pasado martes a una medida que marcará un hito en la industria automotriz: a partir de 2035, todos los vehículos nuevos que se comercialicen en la Unión Europea deberán ser "cero emisiones". Es decir, a partir de ese momento, estará prohibida la venta en terreno europeo de vehículos de combustión interna de gasolina o diésel. La medida se adelanta cinco años de lo inicialmente previsto, en 2040.
Esta determinación, surgida de una propuesta inicial de la Comisión Europea, constituye la primera pieza del ambicioso paquete ‘Fit for 55’, cuyo objetivo es reducir en un 55% las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) para el año 2030, marco en el que se incluye el establecimiento para este año de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. La votación a esta medida, alcanzado en otoño del año pasado por parte de los negociadores del Consejo Europeo, la Eurocámara y la Comisión Europea, arrojó 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones, revelando divisiones significativas sobre la dirección que debería tomar la regulación del sector automotriz.
Desde el Gobierno español, el eurodiputado del Partido Socialista (PSOE) y vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, César Luena, respaldó la medida, destacando su importancia en la lucha contra el cambio climático. El Partido Popular Europeo (PPE), mientras, expresó sus preocupaciones, señalando que la prohibición de vehículos de combustión llevará a la industria automotriz europea hacia un camino de encarecimiento de los vehículos y pérdida de empleos, prediciendo un posible declive.
¿Se podrán seguir usando coches gasolina y diésel más allá de la fecha de venta?
Esta prohibición, que se centra en la venta de automóviles nuevos emisores de CO₂, no afectará el uso de vehículos ya en circulación, que podrán seguir circulando hasta el año 2050.
Excepciones
Además, se introdujo una excepción para fabricantes de nicho que produzcan menos de 10.000 vehículos al año, otorgándoles una moratoria de un año. Aquellos que fabriquen menos de 1.000 al año estarán exentos de cumplir con la normativa.
Otras medidas: habrá sistema de vigilancia
La medida adoptada ayer también establece objetivos intermedios ambiciosos para reducir las emisiones de CO₂ en un 55% para turismos y un 50% para furgonetas antes de 2030. Además, ajusta los porcentajes de ventas de vehículos de bajas o cero emisiones que los fabricantes deben alcanzar para ser elegibles para incentivos económicos de la Comisión Europea.
Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, destacó que la medida encuentra un "equilibrio perfecto entre los intereses de la industria, el clima y de los trabajadores". Aunque reconoció la posibilidad de que la industria desarrolle en el futuro combustibles cero emisiones, subrayó la tendencia actual hacia la electrificación.
Para garantizar la efectividad de la medida, se acordó el diseño de un sistema de seguimiento real de las emisiones durante la vida útil de los automóviles para 2025. Desde ese año, la Comisión Europea deberá emitir informes bianuales para evaluar el progreso y el impacto de la reforma en los consumidores y el empleo.
El reto en España
La aplicabilidad de esta medida en el contexto español plantea desafíos, dado que los vehículos eléctricos, excluyendo los híbridos enchufables, son hasta un 30% más costosos que los vehículos convencionales. A pesar de las ayudas públicas a la compra, el mercado español apenas registró un 4% de ventas de vehículos eléctricos el año pasado.
No obstante, a nivel de la Unión Europea, donde la penetración de vehículos eléctricos es considerablemente más alta, se busca agilizar medidas que fomenten la electrificación y considerar los combustibles neutros en CO₂ para facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible.
En 2018, el coche diésel experimentó un declive en España, siendo superado por los coches de gasolina en ventas. Desde entonces, la preferencia por los diésel ha disminuido, mientras que los coches híbridos han ganado terreno.
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