La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que se ha aprobado el Real Decreto para regular el procedimiento que anticipa la jubilación en las profesiones más penosas. Puestos como el de albañil, camarero o trabajadores de las residencias, que están expuestos a accidentes de trabajo o a enfermedades, podrán beneficiarse de la actualización de los coeficientes reductores.
Esto es, que cada año cotizado cuente como un periodo más largo y de este modo se alcanzaría el mínimo para poder acceder antes a la jubilación, ya que no se habría alcanzado la edad ordinaria. Saiz ha aclarado que esta nueva norma afectará a aquellas personas que estén en sectores que no cuenten ya con estos coeficientes reductores. Los mineros, los trabajadores del mar o algunos agentes de la policía autonómica ya cuentan con este derecho.
“Nos basamos en criterios objetivos”, ha resaltado la ministra durante la comparecencia ante los medios, “y puedo decir que se ha conseguido en el marco del diálogo social entre la patronal y los sindicatos”.
“Sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen duros cuando se acercan los últimos años de vida laboral, los datos nos dicen que hay actividades con siniestralidad más alta y con más enfermedades profesionales asociadas”.
Criterios para la aplicación de los coeficientes reductores
Los criterios que determinarán la penosidad de una actividad cambian, de modo que aparecen nuevos como la exposición a las temperaturas extremas, ruido o vibraciones, el uso de la fuerza o la exposición a agentes químicos, físicos o biológicos.
Cada uno de estos, como ha explicado Elma Saiz, tiene una serie de medidores específicos entre los que se encuentran la susceptibilidad de causar un accidente laboral en el caso de la peligrosidad o la exposición a ambientes peligrosos cuando se habla de la insalubridad.
Para acreditar que concurren estas circunstancias, se aplicará una fórmula basada en “indicadores objetivos”. Así, como ha informado la Seguridad Social en un comunicado, se va a tener en cuenta el número total de procesos de incapacidad temporal durante un periodo de observación que irá ligado al número de trabajadores del colectivo y en el que se tendrá en cuenta tanto la edad como el sexo de los afectados.
Además, se analizará la incidencia de sucesos graves. Un dato que se puede saber con el número de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente de este colectivo si se relaciona con el total de trabajadores de este grupo.
Y, por último, considerarán la duración media de los procesos de incapacidad tomando como referencia el número de días.
Incremento en la cotización a la Seguridad Social
La aplicación de los coeficientes reductores que se estabezcan estará ligada a un aumento en la cotización a la Seguridad Social para este colectivo que deberá aparecer en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para cada año. Este incremento es la aplicación de un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización de las contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora.
En ningún caso la aplicación de estos coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad menor a 52 años. La pensión de jubilación anticipada, por tanto, en el caso de que se apliquen estos coeficientes reductores reconocidos a la actividad no podrán compatibilizarse con el desempeño de la misma actividad que originó esta anticipación.
Cómo solicitar el reconocimiento de estos coeficientes reductores
La solicitud para comenzar con el procedimiento para reconocer estos coeficientes reductores, como ha informado la Seguridad Social, se realizará de manera conjunta por las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y en algunos casos por las administraciones públicas.
Se realizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que hará un informe de morbilidad y mortalidad, recabando los informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuando sean funcionarios o empleados públicos, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
Estos informes se harán llegar a la Comisión de Evaluación donde estarán los agentes sociales y ellos emitirán el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.
Cuando se haya termiando con el procedimiento, habrá que comenzar los trámites para que la edad ordinaria de jubiñación exigida en cada caso pueda ser rebajada mediante la aplicación de coeficientes reductores en las ocupaciones o actividades profesionales afectadas.
