Elma Saiz confirma que las jubilaciones demoradas representan ya el 11% de las nuevas altas

La ministra Elma Saiz ha puesto en valor el avance de las jubilaciones voluntarias que se producen más allá de la edad ordinaria de jubilación legal (lo que se conoce como jubilación demorada), que ya suponen una de cada diez nuevas pensiones. Según explicó este lunes durante unas jornadas de CaixaBank centradas en el talento sénior, esta modalidad ha ganado peso gracias a los incentivos impulsados por el Gobierno a través de las últimas reformas. La ministra lo considera una “buena señal” tanto para el sistema de pensiones como para la economía del país.

Este crecimiento evidencia un cambio cultural y normativo en el que más trabajadores optan por alargar su vida laboral, no por necesidad económica, sino por elección personal. “El talento no entiende de edad y debemos protegerlo”, subrayó Saiz.

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Hasta hace unos años, el sistema exigía optar entre trabajar o jubilarse, sin apenas margen para compatibilizar ambas opciones (como la jubilación parcial, flexible, activa o demorada). Con las últimas reformas, se ha flexibilizado este modelo, lo que ha favorecido que cada vez más personas retrasen su jubilación más allá de la edad ordinaria establecida.

Según datos de Eurostat, en la Unión Europea la media de edad de retiro se sitúa en los 61 años. En cambio, España supera ligeramente los 65 años, lo que confirma una tendencia creciente a continuar en el mercado laboral.

Un sistema a prueba de ‘baby boomers’

Saiz defendió la sostenibilidad del sistema de pensiones español, amparado en el consenso político del Pacto de Toledo, que este año cumple tres décadas. “Durante años se ha dicho que el sistema se rompería, pero con compromiso colectivo hemos demostrado lo contrario”, aseguró.

A pesar de que en la próxima década se prevén cuatro millones de nuevas jubilaciones de personas nacidas en el ‘baby boom’, la ministra recalcó que el Gobierno ha diseñado las reformas mirando a largo plazo. “Tenemos la vista puesta en 2050”, afirmó, asumiendo que será una etapa exigente en términos de gasto.

La titular de Seguridad Social también subrayó que el Gobierno no solo piensa en los mayores. Desde 2024, casi 1,5 millones de jóvenes que realizan prácticas no remuneradas han empezado a cotizar, lo que representa un avance en derechos laborales y justicia intergeneracional.

En cuanto a la financiación del sistema, Saiz recordó que, como ocurre en otros países, España combina cotizaciones con aportaciones del Estado. “No se falsean las cifras, este modelo es común en nuestro entorno”, insistió.

Por último, reconoció la importancia de la inmigración para sostener el mercado laboral: “España necesitará trabajadores extranjeros, y somos conscientes de ello”, concluyó.