La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, compareció este lunes 9 de junio ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo para presentar los resultados de la primera evaluación del sistema de pensiones tras la reforma impulsada a principios de la legislatura. En su intervención, defendió la nueva fórmula de análisis del gasto, conocida como ‘cláusula de cierre’, y aludió al consenso político para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el reto del envejecimiento demográfico.
Saiz, queriendo contextualizar sobre cómo se encuentra el estado del sistema de pensiones en España actualmente, destacó que más de 11 millones de personas reciben actualmente una pensión en España, lo que convierte al sistema de pensiones en “la piedra angular de la política social”. Para ella, el Pacto de Toledo es “un espacio que debe mirar al largo plazo y busca construir puentes, fuera de la polarización política”, subrayando que esta comisión parlamentaria “tiene la tarea nada sencilla de apoyarse en el hoy para mirar hacia el mañana”.
Durante su comparecencia, Saiz presentó los primeros resultados de la aplicación de la cláusula de cierre, un mecanismo trienal que mide si el gasto en pensiones se mantiene dentro de unos límites sostenibles. Según explicó, la AIReF ha determinado que el nivel de gasto en 2025 se sitúa en el 13,2 % del PIB, una décima por debajo del umbral fijado en el 13,3 %, lo que supone que la evaluación se ha superado con éxito.
La “cláusula de cierre” y su función
Esta cláusula, incluida en la última reforma del sistema, no fija una cifra “mágica”, como aclaró Saiz, sino que actúa como referencia para evaluar la evolución macroeconómica y verificar si el gasto está contenido. “Habrá años en los que el nivel de gasto esté por encima del umbral y otros por debajo, sin que eso sea una señal de alarma”, indicó. La clave, según afirmó, es mantener una trayectoria equilibrada que permita afrontar con garantías el impacto del cambio demográfico a partir de 2050.
En este sentido, recalcó “la importancia está en sostener el sistema de una manera dinámica”, teniendo en cuenta la incertidumbre que supone planificar a largo plazo. Además, señaló que aunque puede haber críticas al indicador seleccionado, lo relevante es que por primera vez se cuenta con un mecanismo claro de evaluación. “Esto indica transparencia”, afirmó.
La ministra añadió que esta fórmula ha sido reconocida por instituciones internacionales como un instrumento útil para promover el debate público sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Peticiones desde Bruselas y revisión adicional de la AIReF
La intervención de Saiz se produjo en un contexto de creciente exigencia por parte de la Comisión Europea, que ha solicitado al Gobierno que excluya las transferencias del Estado como fuente de ingresos del sistema en las evaluaciones de sostenibilidad. Este cambio, que formará parte de un próximo proyecto de ley, busca reflejar con mayor precisión la suficiencia de los recursos del sistema sin depender de ayudas estatales.
En respuesta a esta preocupación, el Gobierno ha introducido modificaciones en el Real Decreto 100/2025, que permitirán que la AIReF realice un informe adicional en 2026 para tener una visión actualizada y más completa del sistema.
La ministra defendió que se trata de un enfoque flexible, transparente y técnicamente sólido, alineado con las recomendaciones europeas y con capacidad para ajustarse tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. En sus palabras, “el Gobierno es el primer interesado en garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones”.
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