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Una viuda de 65 años debe devolver 62.000 euros de la Seguridad Social o le embargan la pensión: “Era dinero de mi marido fallecido”

La viuda se enfrenta a una reclamación de casi 62.000 euros por parte de la Administración del Seguro Social (SSA), que considera que su marido fallecido recibió ese dinero en forma de cobro indebido hace más de 10 años.


Ruth Podmanik
Una viuda de 65 años debe devolver 62.000 euros de la Seguridad Social o le embargan la pensión: “Era dinero de mi marido fallecido” |News5
Francisco Miralles
Fecha de actualización:

Al recibir una pensión de la Seguridad Social pensamos que el dinero que recibimos es el que nos corresponde por los años cotizados, ya sean nuestros o de nuestra pareja en el caso de pensión de viudedad. Pero, qué ocurre cuando la Seguridad Social nos reclama un dinero que proviene de los cobros indebidos de nuestra pareja ya fallecida. Esto le ha pasado a Ruth Podmanik, una jubilada viuda de 65 años y residente en Sheffield Lake (Ohio), a la que la Seguridad Social le reclama casi 70.000 dólares (unos 62.000 euros al cambio) por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos, que considera que su marido fallecido recibió pagos indebidos hace más de 10 años.

Todo empezó tras las revisiones de las cuentas del Seguro Social por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, que ha puesto sus ojos en verificar que cantidades de dinero se entregaron indebidamente. Podmanik, que hace unos meses comenzó a recibir la pensión de viudedad de su esposo, ha declarado: “Me siento asustada. ¿Voy a tener que vender mi casa?” Según explica para el medio News5 Cleveland.

Siguió recibiendo el dinero

Ed Podmanik murió en 2012 a causa de una leucemia y durante su enfermedad, estuvo cinco meses sin trabajar, periodo en el que estuvo cobrando la prestación del Seguro Social (algo similar a la prestación por incapacidad temporal en España). Sin embargo, según relata Ruth, “cuando volvió a trabajar, el Seguro Social siguió enviándole dinero”.

Ed, preocupado por la situación, “llamaba constantemente” a la SSA para notificar que seguía recibiendo los pagos, pero la respuesta, asegura Ruth, fue que “tenía derecho al dinero por su leucemia”. Nadie mencionó la existencia de un sobrepago, y no fue hasta ahora, más de diez años después, cuando Ruth recibió la notificación oficial de que debía devolver 69.928 dólares, que es un poco más de 62.000 euros al cambio. “Ni una sola vez me dijeron: ‘Oiga, todavía tiene usted un pago indebido pendiente’”, lamentó Podmanik.

Errores puntuales con consecuencias graves

Este no ha sido un caso aislado, ya que según los datos de la Oficina del Inspector General de la SSA, entre 2015 y 2022 se produjeron 72.000 millones de dólares en pagos erróneos, a pesar de que el organismo mantiene una tasa de precisión superior al 99%. A pesar de que sus consecuencias pueden ser mínimas para el Gobierno, lo cierto es que si puede afectar y mucho, a familias con bajos ingresos o jubilados donde la pensión sea su único sustento.

A esto hay que sumar un cambio en la política de recuperación de deudas, ya que en marzo, la SSA aprobó una medida que permitía retener hasta el 100% de los pagos mensuales para saldar deudas por sobrepagos, una cifra que posteriormente se redujo al 50% tras recibir numerosas críticas. Es decir, que si esta mujer no paga, le pueden embargar la pensión completa.

“Eso va a tener efectos devastadores para que puedan permitirse vivir realmente”, advirtió Natasha Pietrocola, directora de la División de Servicios para Adultos Mayores del condado de Cuyahoga. Mientras tanto, Ruth continúa su lucha por aclarar la situación. “Hay días en los que me siento aquí y lloro”, confesó. “No fue mi error. No fue el error de mi marido. Fue su error”, refiriéndose a la Administración.

En España esta situación puede ser diferente, ya que si se demuestra que la Seguridad Social es la que ha cometido el error administrativo se puede apelar en los juzgado a la doctrina conocida como Cakarevic. La doctrina del caso Cakarevic contra Croacia del TEDH establece que los errores cometidos por las autoridades públicas no deben corregirse a costa de los ciudadanos cuando no hay fraude ni ocultación por su parte (puede verse un ejemplo de esta doctrina en esta sentencia).

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