La reducción de jornada laboral de Yolanda Díaz llega este martes al Consejo de Ministros: patronal y sindicatos ya se han pronunciado

La reducción de la jornada laboral máxima a las 37,5 horas manteniendo el mismo sueldo volverá este martes al Consejo de Ministros donde será aprobada como proyecto de ley, tal y como adelantó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Una vez que pase este primer trámite, llegará al Congreso, donde el Gobierno espera tener los suficientes apoyos para poder sacarla adelante. 

Este texto, que ya tiene el visto bueno de Trabajo y los sindicatos (CCOO y UGT) pero no de la patronal CEOE, llegará en segunda vuelta a sólo unos días del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Una situación que no ha gustado al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que lo ha tachado de “oportunismo político”. El presidente de CEOE sigue sintiéndose molesto por lo que considera una “imposición” por Ley de la reducción de jornada y avisa de que tendrá efectos negativos para la economía y el empleo, señalando a las pymes como principales afectados.

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Unos datos totalmente contrarios a los que da Díaz, quien es bastante optimista y ha cifrado el alcance de esta nueva medida, que llegará a más de 12 millones de trabajadores. Los más beneficiados serán los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos y otros como la hostelería, el comercio, los servicios o la agricultura.

Por su parte, el ministro Óscar Puente (Transportes y Movilidad Sostenible) ha opinado de la reducción de jornada laboral en un acto celebrado este fin de semana. Ha dicho que aprobar esta norma requerirá de “mucho trabajo y diálogo” pero que, al final “tendrá un efecto beneficioso para el empleo”. 

El control horario es la medida más destacada de la reforma

El Ministerio de Trabajo cree firmemente que lo más importante de este proyecto de Ley son las medidas que se podrán llevar a cabo para el control horario en las empresas. Este deberá estar listo en seis meses desde la entrada de la ley, será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo deberá saber en tiempo real la jornada de cada trabajador. 

La intención, como han repetido en varias ocasiones es que este control sea “objetivo, fiable y accesible” de forma que tenga unos requisitos como que sea el mismo trabajador el que registre su entrada o salida de la empresa para que esta no pueda condicionarlo.

La empresa deberá conservar los registros durante cuatro años, un tiempo en el que también estarán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Además del registro de horario, en este proyecto de ley que se va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros está el derecho a la desconexión digital, para que ningún empleado responda a correos o llamadas cuando estén fuera de la jornada laboral. 

Multas de hasta 10.000 euros

Según el proyecto de Ley y como recoge Europa Press, el Gobierno podrá multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de jornada laboral a 37,5 horas. 

Eso es un endurecimiento de las sanciones en en materia de reducción de jornada por dos caminos, el primero es por la multa a las empresas por cada trabajador y no de manera global y el segundo, porque la cuantía de las multas serán más altas pasando de un máximo de 7.000 euros a 10.000 euros. 

Una vez que esta norma sea aprobada en el Consejo de Ministros llegará al Congreso. Y ahí es donde podría estar las dificultades para sacarla adelante. Aunque el Gobierno está trabajando intensamente con sus socios, Junts no parece estar por la labor de poner las cosas fáciles. 

Los sindicatos “presionarán” a las formaciones políticas

Los sindicatos UGT y CCOO ya han avisado que “presionarán” a los grupos políticos para que no desnaturalicen lo pactado con el Ministerio de Trabajo. Para dar más relevancia al asunto, la reducción de jornada laboral es uno de los ejes sobre el que girarán las reivindicaciones del próximo 1 de mayo.

“Es una media que desea casi toda la sociedad española”, han asegurado. Por otro lado, CEOE pide “responsabilidad” para que se tengan en cuenta todos los avisos que ha lanzado en los que asegura que imponer la norma tiene un impacto negativo y pide un “análisis adecuado del impacto económico” de la medida.