Vuelta de tuerca en el mercado laboral que rodea a Tragsa. También lo hace en su filial, Tragsatec. La empresa española, que pertenece a la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI), hará fijos a 6.000 trabajadores a partir del próximo 1 de abril para cumplir con las obligaciones impuestas por la nueva reforma laboral, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado en la actualidad por la ministra Yolanda Díaz.
Esta norma prioriza la contratación indefinida y desaparece el contrato de obra y servicio, dando lugar a una única modalidad de duración determinada que deberá estar justificada de manera precisa. Ya sea por circunstancias de la producción o bien para sustituir a una persona trabajadora. Esto supondrá un antes y un después para la compañía que va a cambiar en pocas semanas lo que ha sido la tónica general en sus cuatro décadas de trayectoria empresarial.
Es importante señalar que a día de hoy tiene un 62% de empleados con contratos eventuales, lo que supera estrepitosamente al 26% en los que se sitúa la media nacional, teniendo en cuenta que cuenta con una plantilla formada por más de 16.000 empleados, una cifra que sorprende al tratarse de una compañía de titularidad estatal.
Por su parte, Tragsa justifica esta circunstancia debido a que buena parte de su actividad se basa en encargos y encomiendas de gestión puntuales de las Administraciones Públicas, que hacen que buena parte se vincule con contratos temporales asociados a cada encargo concreto.
El Grupo Tragsa ve 'impensable' llegar a solo un 8% de interinos
El Director de Recursos Humanos de Tragsa, Álvaro Aznar, considera 'inasumible' bajar la tasa a solo un 8% de aquí a finales del año 2024, tal y como exige la nueva ley de interinos impulsada por el Gobierno de España. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con este porcentaje a cambio de que se les concedan los Fondos Europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, se trata de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta iniciativa viene dada desde la Comisión Europea para reducir los abusos en el sector público. Pero el caso del Grupo Tragsa no es único.
Otra que también se tendrán que poner las pilas en los próximos días es la red de Paradores del Estado. Alrededor del 30% del personal de servicio tiene un contrato de duración determinada, ya sea a jornada parcial o completa. Algo similar le ocurre a Correos, la mayor empresa pública del país, con un 31%.
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