Yolanda Díaz dice que son los partidos políticos los que tienen “en sus manos” aprobar la reducción de jornada

La reducción de la jornada laboral enfrenta su tramitación parlamentaria. Una fase difícil, como ya se preveía, y que el Gobierno, sin apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, debe resolver si quiere que la medida salga adelante. Por ello, precisamente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que son los partidos políticos los que tienen ahora “en sus manos” sacar adelante esta rebaja de la jornada máxima a 37,5 horas.

Sobre la negociación con las distintas formaciones, para conseguir el respaldo en el Congreso, Díaz ha manifestado que no tiene previsto reunirse con Junts en estos días en Barcelona, partido que informó que iba a presentar una enmienda a la totalidad de la norma. 

“El Gobierno de España ha cumplido su palabra, está aprobado (el proyecto de ley para la reducción de jornada a 37,5 horas) y ahora la voz la tiene el pueblo”, ha añadido, en declaraciones recogidas por Europa Press, al tiempo que ha reivindicado que la rebaja de la jornada laboral contribuye a la modernización y la productividad del tejido empresarial español.

“Igualdad de derechos” frente a los empleados públicos

En defensa de la reducción de la jornada laboral, Yolanda Díaz ha recordado que esta ya se aplica a los empleados públicos, por lo que “se trata ahora de que las gentes que trabajan en la hostelería, las mujeres que trabajan en el comercio, la gente que trabaja en la agricultura, tenga igualdad de derechos”.

En este sentido, se estima que los sectores donde más empleados se beneficiarán de esta rebaja son hostelería, información y comunicaciones, comercio y el sector agrario, ganadero y de pesca.

La ayuda de 200 euros es “negociable”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo también ha sido preguntada por la prestación universal por crianza. Una ayuda que desde Sumar vienen años defendiendo y que consistiría en el pago de 200 euros mensuales a las familias por cada menor de 18 años. El objetivo, en un principio, es negociarla e introducirla en los próximos Presupuestos Generales del Estado, señalando Díaz que es “negociable” y que reduciría la desigualdad en España.