El propietario actuó sin permiso de la comunidad y la justicia ordena que devuelva la fachada a su estado habitual pese a haber otras viviendas con cerramientos similares.
Vendieron la vivienda antes de 10 años y la justicia considera que no se cumplió con el requisito de reinvertir íntegramente el importe por el que aplicaron la reducción fiscal.
El Tribunal Supremo confirma que percibió indebidamente la prestación por desempleo durante años y avala la reclamación del SEPE, que inicialmente era de 23.784,26 euros, aunque la cantidad se redujo 8.111,64 euros tras compensaciones.
No garantizó la seguridad del trabajador ni le dio formación adecuada, por lo que fue responsable del accidente y de ahí, el recargo sobre las prestaciones.
La justicia considera que pese a ser un heredero forzoso y tenerse que hacer cargo de la deuda, el plazo para reclamar la misma por parte de la administración había prescrito.
En el momento en que se aplicó el despido disciplinario todavía no había cambiado la doctrina que exigía la celebración del trámite de audiencia previa.
Al no informar de los ingresos en la declaración anual de rentas, el SEPE procedió a extinguir el subsidio, ya que superaba el límite de ingresos permitido.
Le comunicaron correctamente la denegación del permiso, dándole razones organizativas justificadas. Este respondió que se lo iba a coger de todas formas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que solo procede la reducción si la vivienda se lega de manera explícita y no por acuerdo entre herederos.
La justicia considera que la pensión de alimentos debe incluirse dentro del límite de ingresos del IMV al no estar incluida entre las rentas excluidas expresamente por el Real Decreto-ley 20/2020.
La empresa no tenía derecho a modificar el disfrute del permiso, ya que no se solapaba con el de un segundo progenitor. Tampoco lo justificó por escrito.
Impugnó las liquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones alegando que las donaciones se produjeron en Alemania, pero la justicia considera que no lo hizo por la vía adecuada.
El Ayuntamiento estuvo años sin pagar las cuotas de la comunidad alegando que no era el propietario formal de una parcela que le fue cedida forzosamente.
El TSJ de Castilla-La Mancha considera que las reiteradas paradas para desayunar, incluso con pacientes en la ambulancia, constituyen una falta muy grave que justifica el despido, agravada por conductas como conducir a 143 km/h para recuperar el tiempo perdido.
Consideran que no hay pruebas suficientes para probar los hechos y la anciana cambió el testamento para desheredar a la hija estando en plenas facultades.
Las modificaciones de las zonas comunes tienen que contar con el permiso de la comunidad cuando repercutan en la configuración del edificio o el uso de otros propietarios.
La justicia considera que el distanciamiento no es imputable a la hija, ya que una psicóloga recomendó a la hija cortar el contacto con su padre por su salud mental.
El Tribunal Supremo explicó que la que la gran invalidez no se determina exclusivamente por la agudeza visual o el grado de discapacidad, sino por la demostración efectiva de que el solicitante requiere asistencia de terceros para los actos esenciales de la vida diaria.
Los daños ocasionados por el inquilino en la vivienda alquilada no se pueden considerar actos vandálicos según una de las cláusulas incluidas en el seguro.
La trabajadora fue despedida verbalmente tras más de 7 meses trabajando sin contrato. La justicia falla que la carencia de autorización administrativa no invalida los derechos del trabajador.
Los hermanos no pudieron demostrar que su padre le hubiera hecho una donación en vida y tendrán que pagarle la parte que le corresponde por la legítima de la herencia.
El padre tendrá que seguir pagando a su hijo la pensión porque su situación económica no ha cambiado y la falta de relación entre ambos no es atribuible al joven.
La discrepancia de los metros de la superficie de la vivienda en el Catastro y el Registro de la Propiedad generó una valoración errónea de la vivienda que la heredera reclamó al los servicios tributarios.
El TSJ de Cataluña considera que la prestación debía extinguirse porque la trabajadora provocó su despido para acceder al paro, además de reconocer que incumplió sus obligaciones laborales.
Las zonas comunes eran disfrutadas por ambas comunidades, pese a ser independientes, y la que dejó de pagar tendrá que hacer frente a los gastos acumulados durante años.
El TSJ del País Vasco considera que se trata de una falta muy grave recogida en el convenio colectivo, y por la que puede aplicarse el despido disciplinario.
El Alto Tribunal desestima el recurso de Roca y confirma que el trabajador en excedencia tenía preferencia, otorgándole una indemnización de 218.367,52 euros.
El juzgado concluyó que la empresa actuó de forma discriminatoria al despedir al trabajador durante su baja médica, pese a que la compañía alegó que el volumen de trabajo bajó.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León avala el despido de una técnico de farmacia que estaba de baja por ansiedad y fue a hacer senderismo.
El TSJ de Aragón rebajó la sanción a 4.000 euros al considerar que no fue una infracción muy grave, ya que el empleo era a tiempo parcial y, por tanto, compatible con el cobro de la prestación.
La Junta de Extremadura extinguió la pensión no contributiva debido a que su cónyuge percibió 16.374,89 € en concepto de pensión de incapacidad permanente.
La justicia considera que la administración tributaria no justificó adecuadamente el valor asignado a los bienes y anula la liquidación emitida del impuesto.
El policía había trabajado antes como alguacil y la justicia entiende que los periodos trabajados en categorías profesionales previas no son equiparables para la aplicación de coeficientes reductores.
El TSJ de Andalucía da la razón al INSS y confirma que hay suficientes pruebas de que fingía estar sorda y muda. Puede ser un delito de fraude para la obtención de prestaciones.
Deshereda a su hija por abandono y maltrato y le deja todo a los abuelos. La justicia considera que no hay pruebas para aceptar la desheredación y la hija se queda con su parte de la herencia.
El TSJ de Castilla y León determina que las secuelas del cáncer y el resto de patologías sí alcanzaban el grado suficiente para reconocer la incapacidad permanente absoluta.
No era trabajadora del centro, sino de una empresa de limpiezas, por lo que no tenía el deber jurídico de soportar el daño, según el TSJ de Castilla-La Mancha.
El TSJ de Andalucía declara procedente el despido al considerar que el conductor actuó de forma negligente y mostró una conducta “gravemente inapropiada”.
El TSJ de Madrid considera que el subsidio no debía extinguirse porque la cuantía de la herencia no superaba el umbral de rentas permitido, además de no estar obligado a comunicarlo.
El artículo 156 de la LGSS reconoce como accidente de trabajo “las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente”.
El Alto Órgano recuerda que el artículo 200.2 LGSS establece un plazo vinculante a partir del cual puede iniciarse una revisión y que hay que respetar.
El TSJ de Baleares declara improcedente el despido porque, aunque hubo un incumplimiento laboral sancionable, no se podía castigar con la sanción máxima del despido.
El TSJ de Cataluña consideró improcedente el despido porque la entidad bancaria no acreditó de forma suficiente ni clara las causas alegadas en la carta de despido.
Victor Arpa, abogado laboralista explica como ante la negativa de la Seguridad Social tuvieron que ir a los tribunales para que estos le dieran la razón.